Ponencia del Profesor Mario Hernández representante al Consejo Superior de la UN

Mario Hernández Álvarez
Representante profesoral en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia

Ponencia presentada en el Encuentro de Representantes Profesorales y Líderes Gremiales. Universidad del Valle, Febrero 2 y 3 de 2012

El éxito parcial

No cabe duda del éxito logrado por el movimiento estudiantil en el pasado 2011. No recuerdo en la historia de la movilización social colombiana algo similar. Nunca antes un gobierno había retirado un proyecto estratégico para su programa de gobierno, como ocurrió con el de la reforma de la Ley 30/92. En otras ocasiones, las discusiones entre el gobierno y algunos sectores políticos o actores interesados, de carácter gremial, sindical o étnico, habían generado cambios parciales, inclusiones parciales, exclusiones puntuales o aplazamientos de algún tipo. Ese fue el caso de la formulación de la misma Ley 30 o de la tristemente famosa Ley 100 en salud. Pero, insistamos: nunca antes se había retirado un proyecto de ley estratégico como respuesta a una movilización sectorial con gran apoyo social. El proyecto era y sigue siendo estratégico para el gobierno, porque realiza tres grandes propósitos de su plan de desarrollo: profundizar la participación del capital privado en el sector educativo (y en todos los sectores sociales); cumplir con los compromisos adquiridos en el TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea en el tema de servicios; y facilitar la conexión entre conocimiento y sector productivo en el marco del modelo extractivista de desarrollo, por medio de la formación para cierto tipo de trabajos y la innovación mercantilizada. No era poca cosa. A pesar de lo anterior, debe reconocerse que no se ha obtenido más que un éxito parcial. El retiro del proyecto no implica que los objetivos del gobierno no se cumplan. Por el contrario, el gobierno puede desarrollar sus propósitos con la normatividad actual. La misma Ley 30/92 permite continuar la desfinanciación de la universidad pública, aumentar el crédito educativo e incorporar capital privado internacional en instituciones sin ánimo de lucro. La Ley 1286 de 2009, sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, prioriza la innovación productiva, atada a la gran empresa; y la nueva reglamentación de regalías ha comenzado a mostrar la rapiña política en todos los sectores económicos y en la asignación de recursos para ciencia, tecnología e innovación. Si se quiere completar el éxito de la movilización estudiantil es necesario, entonces, avanzar hacia un proceso de construcción democrática –verdadera y profundamente democrática- de un nuevo sistema de educación superior, atado a la idea derecho fundamental a la educación, en todos sus niveles, gratuito y de calidad. Pero esto no será fácil.

El tamaño del reto

El reto es mayúsculo, porque se trata de construir una política pública de Estado, no de gobierno, sobre un sistema que afecta a toda la sociedad colombiana. Esto implica una nueva correlación de fuerzas sociales, económicas y políticas que reconfigure las relaciones entre el Estado, los ciudadanos y el mercado de servicios educativos, en el marco de una globalización de predominio financiero y mercantil. No basta con un buen proyecto de ley. Se requiere mucha legitimidad y mucha fuerza política del lado de un proyecto universalista que hoy parece superado. La experiencia histórica colombiana en educación en todos sus niveles ha sido la de la delegación del Estado a agentes privados y la concentración de los recursos públicos en una parte de los más pobres. En esta experiencia, el Estado ha sido subsidiario y asistencialista, y nunca ha asumido la garantía del acceso universal a la educación. La sociedad en su conjunto no ha tenido la vivencia del acceso universal a educación de calidad, sin tener que demostrar la condición de pobre y menos sin las desigualdades derivadas por la capacidad de pago. De esta forma, tanto el Estado como la sociedad colombiana han consolidado una cultura política, en todos los asuntos sociales, no sólo en educación, como la famosa sentencia de Pambelé: “más vale ser rico y sano que pobre y enfermo”. Si se quiere superar esta situación, el debate no puede quedarse en el asunto de más recursos para las universidades públicas, ni mucho menos en la defensa de ciertas condiciones laborales para los profesores o los trabajadores universitarios. Es decir, el debate debe superar el campo sectorial de los directamente afectados y pasar a una convocatoria a toda la sociedad colombiana para obtener, para todos y todas, un sistema de educación superior (y ojalá en todos los niveles de la educación) que garantice el derecho universal, gratuito y de calidad a la educación. Sin duda alguna, este nuevo sistema logrará superar la crisis histórica de las instituciones públicas e incluirá las demandas legítimas de los universitarios, en todas sus dimensiones y con toda la especificidad que requiere la diversidad regional, institucional, cultural y disciplinaria. Si en esta coyuntura los universitarios no logramos convocar a la sociedad y ampliar el debate hasta la idea de derecho universal sin restricciones económicas –no otra cosa significa gratuidad-, perderemos una oportunidad histórica. Y si ocurre esto, entraremos en otra
frustración social más, de donde sólo puede surgir una reacción individual que profundiza el sálvese quien pueda.

La necesidad de organización

Para asumir semejante reto es necesario, antes que nada, construir una organización social y política fuerte, en primer lugar, de los universitarios; y en segundo lugar, de todas las organizaciones sociales y políticas que comprendan de manera consciente y profunda la convocatoria por el derecho universal a la educación. Si aceptamos esta premisa, debemos reconocer que el proceso de organización estudiantil en esta coyuntura ha logrado construir la mayor organización de carácter nacional de la historia colombiana. El núcleo de esa organización ha sido, sin duda, la formulación de un “programa mínimo”, en clave de política pública y no sólo de tipo gremial. Este recurso ha permitido poner a un lado diferencias ideológicas o estratégicas antes insuperables. Los mecanismos de debate, de decisión, de acción y de representación que ha venido construyendo la MANE, son una lección que debemos tomar en toda su profundidad los profesores y los trabajadores. En sentido opuesto ha cursado la organización profesoral. Existen, sin duda, muchas formas de organización y de expresión del profesorado universitario, pero no es posible hablar de una unidad programática. Tampoco es posible hablar de una vinculación mayoritaria de los profesores a estas organizaciones ni una expresión clara del profesorado a través de la representación profesoral a los cuerpos colegiados. Predomina, en cambio, una cultura individualista que tergiversa el principio de autonomía en el que parecemos estar de acuerdo, y lo convierte en otra especie de “sálvese quien pueda”. Por lo anterior, es necesario discutir a profundidad y construir, de la manera más democrática posible, los elementos fundamentales de un “programa mínimo” del profesorado para la educación superior y la educación en su conjunto. Entiendo el presente encuentro como un aporte en este sentido. No se parte de cero, pues contamos ya con muchas discusiones y reflexiones previas. Con base en ello, es necesario construir formas de articulación de las diferentes organizaciones y mecanismos de representación, hasta lograr una organización nacional flexible, pero suficientemente fuerte, como para afrontar el reto mencionado. Con una nueva forma de trabajo y acción colectiva del profesorado es posible entrar a coordinar con la MANE y con las organizaciones de los trabajadores, de manera que generemos una nueva forma de coordinación que sustente y consolide el movimiento universitario que se requiere en esta coyuntura.

La necesidad de comunicación

El proceso de construcción colectiva y democrática de una política de Estado requiere una consciencia profunda, en muy diversos sectores de la sociedad colombiana, de que las cosas no andan bien. A tal punto no andan bien, que producen algo que moviliza más que cualquier interés personal: la indignación por la injusticia. Pero no se llega de manera sencilla a la indignación. Es necesario desnaturalizar la desigualdad injusta. Y ese propósito no puede lograrse sino a partir de una comunicación masiva, certera, que cuestione la tranquilidad del lugar que se ocupa en el mundo para imaginar que otro mundo es posible. Pero también, capaz de mostrar que ya ha sido posible ese otro mundo y que no se trata de una simple utopía. Por lo anterior, es necesario reconocer que nos falta mucho para mover profundamente el imaginario hegemónico. Desde tal reconocimiento, es posible construir, con creatividad y agilidad, una nueva estrategia de comunicación masiva, dinámica e incisiva, para alcanzar la indignación suficiente como para que toda la sociedad colombiana acompañe el cambio estructural que se requiere.

La necesidad de movilización

No habrá cambio estructural sin movilización social. De hecho, el gobierno subvaloró el movimiento estudiantil y nunca creyó posible tanto apoyo social y político. Cuando Santos percibió el impacto del movimiento estudiantil chileno en la gobernabilidad y la aceptabilidad del presidente Piñera, y recibió el mandato de Obama y los demócratas de garantizar los derechos laborales y la expresión social, no tuvo otra alternativa que disminuir la presión y recular, como buen jugador de Póker. Si se acepta la importancia de la movilización, debe reconocerse que ella no ocurrirá sin convicción. No se trata de obligar a todo el mundo a marchar por las calles. Se trata de lograr la acción colectiva múltiple y simultánea de todo tipo, con todas las formas posibles de expresión física o virtual, individual, grupal o masiva. Sostengamos la movilización, pero siempre de cara a la sociedad colombiana, de manera que toda ella se sienta convocada, afectada en su dignidad, por la justicia de la causa universitaria, que no es otra que la materialización del derecho a la educación.

La necesidad de un proceso democrático

El asunto más complejo de esta coyuntura es, sin lugar a dudas, la vía por la cual será posible construir un nuevo sistema educativo –ojalá en todos los niveles- que materialice el derecho. La MANE ha propuesto una agenda y un proceso de abajo hacia arriba que no involucra al gobierno nacional sino hasta el momento final, en que se le presente para negociación, el nuevo proyecto de ley. Esta vía tiene la ventaja de neutralizar la influencia del gobierno en el proceso, una vez conocida su posición, su modelo y sus fundamentos. Esto es, la lógica mercantil, basada en la educación superior como bien privado de alta retribución individual, lo que justifica la idea de financiamiento privado por la vía del crédito y la financiación pública subsidiaria o apenas complementaria. Modelo que, como sabemos, es funcional al régimen de financiarización y reprimarización de las economías. A pesar de lo anterior, la ausencia del gobierno en el proceso puede generar una falta de reconocimiento político del resultado, tanto frente a la sociedad, como frente a las fuerzas políticas en el Congreso. Así se logre construir un proyecto de ley muy amplio y suficiente, en la forma de referendo o de iniciativa popular legislativa, el hecho de requerir el paso por el Congreso hará inevitable obtener algún aval gubernamental y político previo. Una alternativa sería generar un proceso que obligue al gobierno a participar en él, sin afectarlo con su posición unívoca. Esto es posible si se logra una mesa de negociación inicial, que podría ser la que se ha programado para marzo, que permita acordar la metodología de construcción democrática. Esta metodología debe contar con un grupo coordinador del movimiento universitario, con apoyo logístico y financiero del gobierno. Esto genera un compromiso político mayor, de cara a la sociedad en su conjunto, y podría construir mayor legitimidad social y política a la hora de llegar al Congreso. Si se acepta esta alternativa, la dinámica de abajo hacia arriba debería incluir el escenario regional como el de mayor inclusión posible de actores y posiciones, a riesgo de contar en él con posiciones proclives al mercado, al crédito y a la posición del gobierno. En medio del debate amplio y democrático, deberíamos ganar una aceptación y una convicción mayoritaria de la conveniencia del derecho a la educación, sin barreras, gratuita, con financiamiento público, universal y de calidad. Esa sería la máxima legitimidad y el fundamento de una verdadera presión social y política para el gobierno y el Congreso, cualquiera sea su orientación y composición política. El resultado podría verse como un proyecto de ley específico, pero es mejor no anticiparse. Es posible que podamos, en un proceso amplio de consciencia y movilización social, en alianza con todos los actores del sector educativo en todos sus niveles, un proyecto de reforma constitucional que declare la educación como derecho humano fundamental, a cargo del Estado, sin barreras y de calidad. Un nuevo pacto político expresado en la Constitución permitiría, sin ambages, presentar al Congreso un proyecto de ley estatutaria que reglamente este derecho en todos los niveles, y un proyecto de ley ordinaria, corta, precisa y contundente, sobre el nuevo sistema de educación superior. En un sentido similar avanza la movilización social por el derecho a la salud y a la seguridad social, en medio del malestar acumulado y casi insoportable derivado del negocio con la salud y la vida de las personas. De allí que sea necesario pensar en formas de articulación con el sector salud y sus afectados, que podríamos ser todos los colombianos.

Que nuestra indignación con el estado de cosas nos alcance para convocar a muchos, sino a todos los colombianos, a construir otra sociedad desde el derecho universal a la educación en todos sus niveles. Cabe allí la propuesta de propiciar una nueva asamblea constituyente que supere los mitos de lo constituido y nos permita construir la ruta de un nuevo pacto político para la Nación colombiana.